Cada mes, millones de contribuyentes ven cómo una parte significativa de su esfuerzo laboral se destina, con la promesa de seguridad futura, al sistema de pensiones. Es un pacto generacional, un juramento de confianza entre el ciudadano y el Estado. Sin embargo, ese pacto hoy se resquebraja bajo un discurso recurrente y alarmante: “No hay dinero”. Las pensiones, nos dicen, son un lastre demográfico, una carga insostenible. Mientras esta narrativa se instala, casi a diario, los titulares nos golpean con un estruendo distinto pero íntimamente ligado: un nuevo caso de corrupción en ayuntamientos, comunidades autónomas, entes públicos o en la esfera central. Da igual el color político. El guion es el mismo: desvío de fondos, sobrecostes, comisiones ilegales, contratos amañados. Y la pregunta que estalla es inevitable: ¿realmente no hay dinero, o está siendo sistemáticamente desviado, malversado y evaporado?

La idea de utilizar el dinero de las pensiones para “tapar agujeros” no es una metáfora. Es la cruda realidad de un sistema donde la corrupción actúa como un agujero negro que succiona recursos vitales. Los fondos de la Seguridad Social, técnicamente, son intocables y están separados de los presupuestos generales del Estado. Pero en la práctica económica global, el dinero es un todo. El enorme esfuerzo que supone sostener las pensiones (con aumentos de cotizaciones, uso de reservas o transferencias desde otros capítulos) se ve minado por la fuga constante que suponen los fraudes a lo público. Cada euro que se paga en una mordida, que se infla en una factura falsa o que se esfuma en una obra innecesaria, es un euro que no está en las arcas comunes. Arcas de donde, necesariamente, sale el complemento para que nuestros mayores no caigan en la pobreza.

La Doble Moral y la Ceguera Voluntaria

Es profundamente cínico pedir sacrificios a los pensionistas y a los trabajadores, argumentando la estrechez económica, mientras se permite que la corrupción drene el erario público con impunidad y ritmo de goteo constante. Se recortan servicios sanitarios, se congelan salarios públicos, se anuncia la necesidad de trabajar más años, y al mismo tiempo, se descubren desfalcos de magnitudes descomunales. Esto no es una mala gestión; es una prioridad perversa. Demuestra que el problema no es la falta de recursos, sino la voluntad política para atajar su malversación.

La alternancia en el poder, lejos de traer soluciones, ha normalizado la patología. El “y tú más” se ha convertido en el epitafio de la decencia. Un partido señala los casos del otro, pero cuando llega al gobierno, el mecanismo clientelar y la opacidad en la contratación a menudo persisten, solo que con distinto signo. La ciudadanía asiste, indignada y exhausta, a un espectáculo en el que la casta política —en un sentido amplio— parece jugar a un juego distinto, con reglas distintas, mientras le exige austeridad al resto.

No es un Déficit Demográfico, es un Déficit de Integridad

Envejecemos, sí. Pero las sociedades ricas y bien gestionadas planifican ese desafío. España, sin embargo, parece gestionar su futuro con las manos atadas por los ladrones de lo común. La corrupción no es un delito menor; es un ataque directo al estado del bienestar. Destruye la confianza, encarece los servicios, desincentiva la inversión honesta y, lo más grave, roba el futuro a generaciones enteras.

La solución no pasa por recortar más las pensiones, sino por recortar de raíz la corrupción. Exige:

Fortalecimiento drástico de los órganos de control (Intervención General, Tribunal de Cuentas) con independencia real y recursos.

Transparencia radical en la contratación pública, con plena accesibilidad a todos los datos.

Penas ejemplares y efectivas que incluyan la inhabilitación permanente y la restitución del dinero robado.

Protección y valoración de los denunciantes (whistleblowers), auténticos héroes de la salud democrática.

Una justicia ágil y con medios para que los casos no caigan en el olvido por prescripción.

Las pensiones no son el problema. Son la víctima. Dejar que el relato de la insostenibilidad oculte el saqueo continuo es convertirse en cómplice. Es hora de dejar claro que, antes de preguntar a los abuelos si pueden vivir con menos, debemos preguntar a la clase política y a sus cómplices económicos por qué han permitido —y a menudo disfrutado— que tanto desvíe tanto. El dinero está. Simplemente, no está donde debería. Recuperarlo no es una opción política; es una emergencia nacional.